El tráfico actual de las vías de peaje forales en Bizkaia está un 13,3% por debajo del existente antes de la crisis sanitaria

La Diputación da cuenta en las Juntas Generales de Bizkaia del Decreto foral por el que se actualizan los peajes de la red foral de carreteras y del proyecto “provisional” de cubrimiento de La Avanzada.

El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, comparece también por la recuperación del dinero invertido en la AP-8 por el derrumbe del vertedero de Zaldibar.

(Bilbao, a 13 de enero de 2022).  El Decreto Foral por el que se actualizan las cuantías de peaje sobre determinados tramos de la red viaria de Bizkaia ha sido presentado esta mañana en las Juntas Generales de Bizkaia. La subida de precios materializada desde el pasado 1 de enero, que contempla los precios actualizados de la AP-8, la Variante Sur Metropolitana y los Túneles de Artxanda, contempla, como novedad, la incorporación de un descuento del 25% para “vehículos ligeros eléctricos puros” que estén acreditados a tal efecto y siempre que utilicen el OBE como medio de pago, según ha informado el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales. El ajuste se abonará “con carácter mensual y a mes vencido”. Es el mejor descuento posible “teniendo en cuenta los descuentos más generosos que existen en nuestro entorno”.

En 2022, los usuarios y usuarias acogidas al programa de subvenciones Bidesaria, que fueron 22.313 personas el pasado año, pagarán, como máximo, 34,55 euros al mes por los recorridos realizados en las tres vías mencionadas. Pradales ha puesto en valor el “esfuerzo presupuestario” que esto supone en plena pandemia para “mitigar” los gastos de estos usuarios, cuando el tráfico actual se encuentra un “13,3%” por debajo del existente antes de la crisis sanitaria, comparándolo con cifras de 2019.

Esta reducción repercute directamente en los ingresos por peaje, una de las dos vías, junto a los presupuestos, para financiar las infraestructuras viarias y su mantenimiento. “Estamos lejos de obtener los recursos de 2019”, ha admitido. O sea, la Diputación tiene “menos recursos para hacer frente a los compromisos”. Desde el 1 de enero de 2017, cuando entró en vigor el límite de gasto, la Diputación ha invertido “34,6 millones de euros” en subvenciones. De media, cada conductor adherido al sistema Bidesaria se ha ahorrado “47,45 euros” mensuales.

La oposición ha criticado el contenido del Decreto presentado esta mañana en la comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de las Juntas Generales de Bizkaia. El grupo Mixto-PP Bizkaia ha lamentado que ”en algunos casos” la subida de tarifas sea del “5%” y que ésta se sume a otras subidas del coste de la vida, como la energía o el agua. Elkarrekin Bizkaia ha puesto el foco en el descuento para vehículos eléctricos, dejando fuera a los de hidrógeno, híbridos o híbridos enchufables. Por su parte, EH Bildu ha lamentado que algunas comarcas como el Duranguesado y Lea Artibai sigan asumiendo el coste de las infraestructuras viarias de Bizkaia puesto que son los que más pagan los peajes forales.

Los grupos que apoyan al Gobierno foral han respaldado la subida, ya que es “necesaria” para financiar la construcción y mantenimiento de carreteras y para establecer mejoras de diverso tipo, ya sean medioambientales o referentes a la seguridad de las mismas.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE LA AVANZADA, HASTA EL 18 DE ENERO

A petición del grupo Mixto-PP Bizkaia, el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, ha dado a conocer también el proyecto provisional aprobado por el Consejo de Gobierno en noviembre para actuar sobre la BI-637 a su paso por Leioa (La Avanzada), para eliminar la actual trinchera a cielo abierta. El proyecto, que estará en fase de información pública “hasta el 18 de enero”, se licitará “a finales de año” por un importe aproximado de “62,5 millones de euros”. El mismo, plantea una solución “realista” y “viable”, sin afectar al tráfico existente de “114.000 vehículos”, para ganar 4.132 metros cuadrados de superficie peatonal, mediante la cubierta de las trincheras existentes y la colocación de pantallas acústicas en las dos bocas de salida.

La solución ha sido estudiada después de descartar otras alternativas, como la de cubrir una mayor superficie en la boca en dirección a Bilbao, obra que de ejecutarse, “colapsaría todo el tráfico de Uribe Kosta”, según Pradales. La solución aportada, “contrastada” con el ayuntamiento y el vecindario, y que puede todavía sufrir modificaciones en base a las alegaciones que sean aceptadas, trata de ganar espacio público peatonal para los vecinos y vecinas de Leioa, reducir las contaminación acústica y aumentar la seguridad viaria, todo ello garantizando, mientras se ejecuta el proyecto, la movilidad diaria de miles de personas.

Pradales se ha referido a esos “2.900” vecinos y vecinas que soportan “más de 55 decibelios” de ruido por la noche. El “82%” de estas personas verán reducida “muy notablemente” la contaminación acústica para dejarla por debajo de este límite que garantiza el descanso. Es un “paso de gigante” para mejorar la calidad de vida de estas personas, se bien ha admitido que no es una solución “completa”, ya que quedarán otros 500 vecinos y vecinas que mantendrán esta problemática.

RECLAMACIONES ECONÓMICAS POR EL DESASTRE DE ZALDIBAR

Pradales ha respondido también en la comisión a una pregunta oral de EH Bildu en relación a la recuperación de los “más de 3 millones de euros” invertidos por la Diputación en la reparación de la AP-8 tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar.

Según el responsable foral, la Diputación actuó “con celeridad” al personarse, por medio de Interbiak, en febrero de 2020, en la causa abierta en un juzgado de Durango como acusación particular, aunque actualmente dicha sociedad aparece como “actor civil”. El proceso es “lento” y los plazos para que comience el juicio se han alargado por la pandemia, lo que ha obligado al juzgado a ampliar la fase de instrucción “hasta el 1 de junio de 2022”. Pradales ha recordado que la empresa responsable del vertedero ha depositado “5 millones de euros como fianza y avales” para responder a las demandas económicas.